Dictan sentencia de ocho años al empresario Jhovani Aguirre Benítez pese a que el fallo judicial está plagado de inconsistencias.
Edomex, 11 de noviembre de 2022.- Pese al cúmulo de inconsistencias que obran en su expediente, el empresario ganadero Jhovani Aguirre Benítez, preso desde hace más de un año en la ciudad de México, fue sentenciado a ocho años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego prohibida y posesión de mil gramos de cocaína que, de acuerdo con sus abogados, fueron sembrados en su camioneta poco después de su detención.
El juez dictó su fallo no obstante que el expediente 364/2021 y el juicio oral 07/2022 está colmado de inconsistencias: las declaraciones de los policías que hicieron la detención de Aguirre Benítez son contradictorias; existen testimonios falsos, tergiversados y discordantes, además de que hubo violaciones graves durante todo el juicio, que no pudieron ser interpeladas por un abogado de oficio, ya que le fue negada una defensa.
Aguirre Benítez fue detenido en la ciudad de México el pasado 14 de agosto de 2021 por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) que presuntamente responden a los intereses de Álvaro Sánchez Sánchez, un capo de la droga con hegemonía en el Estado de México y que se ha mantenido impune a base de sobornos millonarios para las autoridades. Otros datos señalan que Sánchez Sánchez tiene su feudo en Tequisquiapan, Querétaro, lugar donde se refugia, según afirma Jhovani Aguirre.
El empresario ganadero tuvo diferencias con Álvaro Sánchez, jefe del cártel de “Los Hermanos Sánchez” debido a que se negó en varias ocasiones a colaborar con él en el tráfico de drogas. El capo quería que le prestara sus camiones para mover cocaína desde Chiapas para luego introducirla a Estados Unidos. Sánchez le insistió en que lo apoyara y como Aguirre Benítez se negó argumentando que “yo no me meto en esos negocios sucios” comenzó a maquinar la venganza hasta que lo logró encarcelar.
Para lograr su objetivo pagó a policías y autoridades y así pudo fabricarle diversos delitos, entre otros, un robo de 2,500 pesos en perjuicio de una señora que, de acuerdo con Aguirre Benítez, “ni siquiera conozco”; también lo acusó falsamente de trata de personas. Y tras su detención le hallaron una pistola .380 en su camioneta, así como mil gramos de cocaína que aparecieron en su vehículo 17 horas después de la captura, lo que evidencia que el capo Sánchez Sánchez ordenó que se les sembraran para incriminarlo en contubernio con los agentes policiacos.
La sentencia se dictó el pasado 27 de octubre pero Aguirre Benítez fue notificado el lunes 7 del presente en el reclusorio Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluido desde hace poco más de un mes después de haber sido removido del reclusorio Norte por órdenes de Sánchez Sánchez.
Sobre el cambio de cárcel, Aguirre Benítez señala que el director del reclusorio norte –Luis Ángel Hernández Salas –le comentó que Sánchez Sánchez le ofreció dinero para que lo cambiara de prisión. De esa forma, Aguirre fue trasladado al penal de Santa Marta Acatitla, donde fue internado en una zona restringida de las que se conocen como área de castigo, en la que permanece incluso incomunicado a pesar de no haber enfrentado ningún conflicto o mala conducta, según afirma.
Como medida de protesta, la semana pasada unos cien trabajadores y empleados del empresario ganadero llevaron a cabo una manifestación en el zócalo de la Ciudad de México durante dos días consecutivos; posteriormente realizaron un plantón en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Centro Nacional de Inteligencia, donde se ventila su caso. En esas dependencias protestaron por los agravios y violaciones que obran en el expediente y que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, responsable del enjuiciamiento, pasó por alto presuntamente por haber recibido presiones de Álvaro Sánchez. En resumen, existen indicios de que la sentencia fue comprada por el capo, ya que días antes del fallo judicial amenazó a familiares de Aguirre Benítez: les dijo que de ellos dependía que el juez le impusiera una pena de ocho o de veinte años de prisión.
De acuerdo con el alegato de apelación, la sentencia se dictó pese a la amplia lista de violaciones e inconsistencias; también existen contradicciones en los testimonios que rindieron los agentes que lo aprehendieron, entre otros, que no coincide el número de serie del arma hallada con la que se puso a disposición de las autoridades.
Dice el alegato:
Es importante destacar que la teoría del caso de la Fiscalía, en cuanto al hecho delictuoso de portación de arma de fuego estableció que: El día 14 de agosto de 2021, aproximadamente a las 21:20 horas los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Merlén Márquez Domínguez, Víctor Manuel Almazán Esquivel, Miguel Ángel Medina Andrade y Marco Antonio Hernández Vázquez recibieron una denuncia ciudadana por un sujeto de un vehículo Jeep Cherokee, color gris oscuro, les indicaba que en una camioneta Mercedes Benz Blanca viajaban personas con armas de fuego. Los oficiales al realizar su intervención hacen la detención de la persona precisamente a las 21:25 horas sobre la calle Río Tacubaya, municipio de Álvaro Obregón…
Que el conductor de esta unidad, al indicarle la parada momentánea y al indicarle el señalamiento que existía por un miembro de la sociedad, localizaron en ese vehículo un arma de fuego tipo pistola calibre .380 ACT, de la marca Taurus, modelo PT59, abastecida con un cargador metálico de color negro y 19 cartuchos útiles.
Unas diecisiete horas después de la captura de Jhovani Benítez la policía reportó a la autoridad el hallazgo de mil gramos de cocaína que, según el parte policiaco, fue encontrado debajo de uno de los asientos de la camioneta asegurada.
Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, se puso en evidencia que tanto el arma como la droga “fueron sembradas” presuntamente por órdenes de Álvaro Sánchez, quien es investigado por la FGR y la DEA por tráfico de drogas a gran escala, asesinatos y lavado de dinero.
De acuerdo con los alegatos de la defensa de Aguirre Benítez, el juez omitió reflexionar que el detenido, la pistola y la camioneta se pusieron a disposición de la FGR después de las 22:00 horas, es decir, casi una hora después de la aprehensión, hecho que fue corroborado por los policías que participaron en la captura.
Según la lista de agravios, “el juez fue omiso” al no tomar en cuenta que la camioneta Mercedes Benz propiedad de Jhovani Aguirre no fue sometida a registro de cadena de custodia; además, uno de los policías –Miguel Ángel Medina Andrade – “manejó la camioneta manipulándola y teniéndola a su plena disposición, “sin cumplir con los protocolos de seguridad para resguardar la camioneta, ignorando a quien entregó formalmente el vehículo”.
De igual forma, “el juez no valoró de manera correcta” lo dicho por un testigo, quien afirmó que cuando se retiró de las oficinas de la FGR, delegación Tacubaya, vio afuera de dichas oficinas la camioneta Mercedes Benz blanca.
“A las 7:30 u 8.00 horas AM del día 15 de agosto de 2021 –un día después de la detención de Jhovani Benítez –se corroboró que el policía de investigación Jesús Rafael Nájera García ya tenía la guarda y custodia del vehículo, como lo manifestó y afirmó en su declaración, en la que sostuvo que fue después de las seis de la mañana cuando ya tenía la guarda y custodia de la camioneta, sin embargo, el juzgador no le concedió valor correcto a este testimonio del policía de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana”.
En los alegatos de apelación se explica:
Resulta por demás evidente, que el juez no puede ni debe suplir deficiencias en una investigación a favor de la Fiscalía General de la República supliendo una figura jurídica como lo es la cadena de custodia (se refiere a la camioneta Bercedes Benz de Aguirre Benítez), por una meramente humana sin efectos jurídicos contra terceros como es la transabilidad, pues es evidente que en el presente asunto al carecer de cadena de custodia sobre la camioneta se carece en el presente juicio de identidad, estado original, preservación, traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado”.
La defensa de Aguirre Benítez apelará el fallo judicial por estar plagado de inconsistencias; además, en los próximos días empleados y trabajadores del detenido realizarán nuevos plantones y protestas en la ciudad de México para exigir la liberación de su patrón, de quien afirman es totalmente inocente y que su captura fue producto de una venganza por parte del capo Álvaro Sánchez, cabecilla del cártel de “Los Hermanos Sánchez”, quien opera impunemente en el Estado de México, Querétaro, Chiapas y Veracruz.
Sánchez Sánchez, según señala Aguirre Benítez, mantiene bajo amenaza de muerte a su familia, a su esposa y su hermano Fermín; también los ha amenazado con despojarlos de sus propiedades –casas, ranchos y ganado –por lo que temen por su vida y piden la protección de las autoridades federales.
