La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), confirmó que el presidente municipal de Toluca, Raymundo «N», se encuentra en calidad de sustraído de la justicia y por ello solicitó a Interpol México la emisión de una Ficha Roja.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el pasado 12 de abril de 2023, el alcalde dio la orden a policías municipales para detener sin una orden de aprehensión a un hombre, quien era su suegro.
La víctima fue trasladada a la Oficialía Calificadora y ahí habría permanecido privado de su libertad; en tanto, la hija de la víctima habría recibido una llamada del presidente municipal en la cual, le exigió documentos de carácter personal, por lo que ella accedió ante la amenaza.
Por estos hechos, el secretario de Movilidad durante el gobierno de Alfredo del Mazo, y seis colaboradores, están siendo buscados por las autoridades mexiquenses.
El edil y seis de sus colaboradores son considerados por la Fiscalía mexiquense como “sustraídos de la acción de la justicia”.
«Con el fin de dar cumplimentar la orden de aprehensión, fueron realizadas diversas acciones operativas, ejecutados tres cateos, dos de estos en el municipio de Toluca y otro en Metepec, así como despliegues en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) del Ayuntamiento donde laboran los investigados», señala el documento.
Una diligencia fue en un inmueble del Fraccionamiento San Fermín, al sur de la ciudad de Toluca; otra, en el Palacio del Ayuntamiento y uno las en las instalaciones del C2, sin que hubiera detenidos.
En su comunicado, la FGJEM señala que “toda persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de algún probable responsable de delito diverso con el propósito de que este no enfrente la justicia, estaría cometiendo el ilícito de encubrimiento, el cual será sancionado en términos de lo establecido en el artículo 149 del Código Penal vigente en la entidad”.
Los sospechosos son investigados por su presunta participación en el delito de secuestro exprés, cuya penalidad es de 40 a 80 años de prisión y puede agravarse hasta 10 años más, si se comprueba que el allanamiento del inmueble para privar de la libertad a la víctima.
