CHIMALHUACÁN, EDOMEX. A más de dos semanas del hallazgo del cuerpo de Vanessa “N”, de 30 años, en un consultorio dental del barrio Tlatelco, autoridades municipales informaron la detención de Luis Alberto “N”, presuntamente relacionado con el feminicidio ocurrido el 26 de enero de 2026. La captura fue atribuida al uso de videovigilancia y labores de inteligencia, aunque el caso ha generado cuestionamientos por la tardanza en localizar al probable implicado.
De acuerdo con el reporte oficial, la investigación se originó tras los acontecimientos registrados al interior de un consultorio dental ubicado en la avenida del Peñón y Gregorio Melero, donde fue localizado el cuerpo de la joven. El hecho detonó diligencias por parte de las autoridades y exigencias de esclarecimiento por tratarse de un delito de alto impacto.
El gobierno municipal indicó que personal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) Chimalhuacán realizó un seguimiento mediante cámaras de vigilancia. De manera paralela, elementos de Análisis e Inteligencia Policial llevaron a cabo trabajo de campo en coordinación con la Unidad de Inteligencia e Investigación Policial (UIIP) de la Secretaría de Seguridad estatal y el Grupo Especial Relámpagos.
Con ese despliegue, se logró ubicar y detener a Luis Alberto “N”, quien fue trasladado a la Fiscalía Regional de Chimalhuacán para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.
No obstante, la detención también reaviva el debate sobre la capacidad de reacción del municipio ante hechos de violencia de género: pese a contar con un sistema de videovigilancia y áreas de inteligencia, la localización del presunto responsable se dio semanas después del crimen. Las autoridades no precisaron por qué las herramientas tecnológicas no permitieron una identificación y aseguramiento más inmediato.
La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer plenamente lo ocurrido y, en su caso, fincar responsabilidades. Al detenido se le debe considerar inocente hasta que una autoridad judicial determine lo contrario mediante sentencia.
