Manuel Godínez
Contrapapel.- Luego de 15 años de la tortura sexual perpetrada en contra de 11 mujeres en un operativo policiaco en San Salvador Atenco, Estado de México, que hace dos años provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera una sentencia en contra de México, la Secretaría de Gobernación anunció que cumplirá con el fallo.
Hace unos días, las mujeres violentadas, acusaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ignorar la resolución internacional.
Al respecto, la Segob dijo que a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, se atenderán “los resolutivos pendientes que involucran a diversas autoridades del orden federal y local”.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de Alejandro Encinas Rodríguez, que está a cargo del caso, aseguró que se garantizará la “verdad, justicia, reparación y no repetición a las 11 mujeres torturadas sexualmente”.
El comunicado dónde se señala la inacción del gobierno Federal, sostiene que los puntos pendientes, son los relacionados con el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, que depende de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.
Ante la instrucción de la CoIDH de fortalecer dicho Mecanismo y de la elaboración de un Diagnóstico Nacional sobre la tortura sexual a las mujeres, la dependencia informó que el 5 de noviembre del 2020, incorporó el mecanismo “como grupo de apoyo técnico al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.
Además, dijo que se ha realizado “trabajos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”, para que en la próxima Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) se incorporen “elementos que permitan obtener datos respecto a la tortura sexual en todo el país”.
Asimismo, indicó que la Conavim y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos “elaboraron una propuesta de lineamientos para la operación del mecanismo, que será puesta a consideración de organizaciones de la sociedad civil acompañantes del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e integrantes de la campaña ‘Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual.
