Manuel Godínez
Ecatepec, Estado de México.- “En todo momento de la detención violenta, las autoridades nos decían que ya había valido verga, que eso nos pasaba por culeras. A mí me golpearon, estoy muy lastimada, necesito estudios, estoy orinando sangre”, contó entre lágrimas una de las mujeres que fue arrestada el pasado viernes por uniformados del Estado de México.
Luego de mencionar el asedio que vivieron durante el pasado 11 de septiembre, tras la toma de la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec, las mujeres que fueron llevadas ilegalmente a la Fiscalía de Atizapán, acudieron a la Fiscalía Regional de Combate a la Corrupción, para exigir la renuncia de las autoridades municipales y estatales que ordenaron la represión del pasado viernes.
La colectiva Manada Periferia detalló que, Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad Pública; Alejandro Gómez, Fiscal General de Justicia; Jorge Olvera, de la Comisión de Derechos Humanos; Sandra Pacheco, del Centro de Justicia para las Mujeres; Roberto Hernández, de Seguridad Pública y Tránsito; Grisel Barrientos, del Instituto de las Mujeres Ecatepec; y Karla Arroyo, de la Defensoría Municipal, deben ser separarse del cargo, en tanto se investiga su responsabilidad en los sucesos.
“Responsabilizamos a las autoridades estatales y municipales, por lo que les exigimos un pronunciamiento y la reparación de los daños”, sostuvieron este lunes, frente a las oficinas de la Fiscalía Regional.
Señalaron que, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos ya había reconocido la toma de sus oficinas, los policías del gobierno que encabeza Alfredo del Mazo, irrumpieron en el lugar de manera ilegal.
“Alrededor de la medianoche llegaron seis autos de lujo y camionetas sin placas nos empezaron a rodear una vez que los medios se habían retirado. Posteriormente entran por la fuerza y comienzan a golpear a las mujeres y niños que estaban en la oficina, incluso a una mujer embarazada”, narró una integrante de la colectiva que Manada Periferia.
Además, denunciaron que sujetos que solo se identificaron como policías, les robaron los celulares con los que transmitían en redes sociales, y así evitar que dieran aviso de su paradero a su familia.
Asimismo, denunciaron que ninguna autoridad les ha dado respuesta por las tarjetas de crédito, identificaciones oficiales, celulares y dinero que les fue despojado de manera extrajudicial.
En otros puntos del estado, grupos de mujeres se manifestaron en diferentes vialidades para pedir el fin de la violencia en contra de las mujeres. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de enero a julio, en el Estado de México se han abierto 80 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
A la par de estas protestas, mujeres del estado de Guerrero tomaron esta mañana las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del estado, ubicadas en los puertos de Acapulco y Chilpancingo, luego de acusar que ante la omisión de los representantes de ambos organismos frente a la criminal indolencia de autoridades de los tres niveles en casos de feminicidio y desaparición forzada de mujeres.
