Toluca, Méx., a 22 de octubre de 2019. Diputados de Morena reclamaron al Fiscal General de Justicia mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, durante su comparecencia en el pleno de la 60 Legislatura, que la cifra negra de delitos denunciados va al alza, por falta de confianza en las autoridades y la corrupción al interior de la corporación.
Durante la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el diputado Gerardo Ulloa Pérez recordó que el año pasado el Congreso local aprobó incremento del 16 por ciento al presupuesto de la Fiscalía, que se destinaría para la contratación, remuneraciones del personal, pero ello no se ha visto reflejado en mejor atención de médicos legistas, ministerios públicos y policías de investigación.
Para este año, la Fiscalía General tuvo un presupuesto superior a los $4 mil 463 millones de pesos y parte del recurso se utilizaría para la modernización de servicios y adecuación de espacios físicos.
Tan solo se invertirían $138 millones de pesos para la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Valle de Chalco y Lerma; bodega de evidencias, y para el Centro de Justicia La Perla, destacó el diputado en su intervención en el pleno. Ulloa cuestionó por qué solo se han creado 4 centros de Justicia para mujeres, cuando el estado es uno de los más peligrosos del país ante las altas cifras de homicidios y feminicidios.
Para el laboratorio de Servicios Periciales en Ecatepec, se destinaron $43 millones de pesos, pero tras diversas visitas de trabajo, no se registró ningún avance, por lo que pidió explicaciones sobre este proyecto, qué avance tiene y donde se ubica.
Gerardo Ulloa refirió que la cifra negra de denuncias va al alza, pues de cada mil delitos que se cometen se denuncian menos de la mitad, por la falta de confianza en las autoridades de procuración de justicia.“Los llamados delitos menores son cada vez menos denunciados porque hoy se considera una pérdida de tiempo acudir al Ministerio Público; las víctimas enfrentan burocratismo, atención deficiente y, lamentablemente, hay altos niveles de corrupción, para ser atendidos tienen que pagar y para que su carpeta de investigación prospere tienen que entrarle voluntariamente para gastos operativos, pues no tienen lo necesario para hacer su trabajo”, acusó Ulloa.
En su pronunciamiento, la diputada Violeta Nova Gómez recordó que la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, reporta que en 2018 se denunció solo el 10 por ciento de los delitos de la entidad, y el ministerio público inició investigación solo en 61.1 por ciento de los casos“Los mexiquenses siguen sin tener confianza en las autoridades de su institución, por el contrario; no denuncian por miedo a la propia autoridad o porque saben que ir a denunciar es solo una pérdida de tiempo y de dinero, ya que no se cumple con el objetivo de acceso a la justicia”, puntualizó la morenista.
Lamentó que el nivel de impunidad en la entidad sea del 97.6 por ciento de acuerdo a la organización México Evalúa, lo cual ocasiona que cada vez sea más frecuente ver grupos armados a plena luz del día en calles de diversos municipios, y que delitos como la extorsión, cobro de piso, robo, secuestro y asesinatos sean el pan de cada día de los mexiquenses.
Violeta Nova cuestionó al fiscal sobre las medidas que ha tomado para frenar las extorsiones que cometen policías de investigación y ministerios públicos en la entidad, sobre todo en la región sur, donde detienen vehículos supuestamente irregulares, y les piden hasta $15 mil pesos para su liberación, sin iniciar carpeta de investigación, así como para evitar los falsos retenes de uniformados.
Y pidió al funcionario explicar por qué no hay detenidos por el atentado contra el Fiscal Regional de Ixtapan de la Sal.
La morenista pidió que el Fiscal detallara los avances sobre el exhorto que emitió la Legislatura para que la dependencia otorgue los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la efectiva operación de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar Sexual y de Género y para los albergues para víctimas del delito y de trata de personas.
