Manuel Godínez
Contrapapel.- Las comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron de manera unánime sancionar con hasta seis años de prisión a los servidores públicos que difundan o compartan imágenes de cualquier tipo, fotográficas o video grabadas, pero también audios, de víctimas de feminicidio o mujeres violentadas de cualquier forma.
La modificación a la ley precisa que el castigo aplicará para quien audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren bajo resguardo de una investigación.
Dicha modificación también establece que, tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años.
Las iniciativas fueron promovidas por las fracciones de Morena y el PRD, y de Luis Francisco Fierro Sosa, consultor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes esperan que estas nuevas sanciones se apliquen además cuando las imágenes que se compartan o filtren, estén relacionadas con una carpeta de investigación.
La “Ley Ingrid” está a poco de ser aprobada, justo cuando se acerca el sexto aniversario de la implementación de la primera Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México, ante la violencia feminicida; también se cumple el primer aniversario de la segunda alerta por desaparición de mujeres, emitida en siete municipios mexiquenses.
Todo esto derivó de la difusión de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla en 2020, víctima de feminicidio, sin ninguna posibilidad de sanción y sin tomar en cuenta los derechos de la persona, ni de sus familiares.
Dicha publicación de fotografías, provocó multitudinarias protestas en el centro de la Ciudad de México.
