EDOMEX. Una investigación reciente ha revelado una compleja red de robo y tráfico de hidrocarburos que opera desde Huehuetoca, Estado de México, hasta Estados Unidos, generando enormes ganancias para altos mandos del Ejército Mexicano y diversas corporaciones policiales.
Este esquema involucra la extracción ilegal de Crudo Maya y Crudo Olmeca de los ductos de Pemex en Huehuetoca y Teoloyucan.
El grupo delictivo es presuntamente liderado por Julio Antonio Jiménez Elechiguerra, alias «El R» o «El Güero», quien ha construido una red de protección que incluye a militares de la 37 Zona Militar, policías estatales de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP), y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Además, cuenta con el apoyo de policías municipales en las áreas donde operan.
Su influencia le ha permitido extorsionar a empresas de gas y huachicoleros, cobrando «derecho de paso» a transportistas por sumas que van desde 30 mil hasta 100 mil pesos por cruce.
Gerardo Camacho Soto, a través de su empresa Florger Combustibles, se encarga de extraer el crudo y transportarlo hasta la frontera con Estados Unidos.
Una vez cruzado ilegalmente, el petróleo es refinado en diésel y gasolina, regresando a México sin pagar impuestos, completando así el círculo del huachicol.
Esta red criminal ha sido objeto de múltiples investigaciones, incluyendo la carpeta FED/SEIDO/UEIARV/0000598/2019, en la que se vinculó a Florger Combustibles con un decomiso de contenedores de crudo en 2022.
Además, en diciembre de 2023, Gerardo Camacho Soto y su hermano fueron detenidos por robo de hidrocarburos en Pachuca, Hidalgo, aunque actualmente gozan de libertad provisional.
El costo del crudo mexicano vendido ilegalmente en Estados Unidos se eleva a 16 pesos por litro, generando hasta 48 millones de pesos semanales. Este dinero alimenta una maquinaria de corrupción que alcanza incluso a mandos de la 37 Zona Militar.
A pesar de las múltiples denuncias e investigaciones en los estados de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, y a nivel federal, las autoridades no han logrado desmantelar esta red, que sigue operando bajo la protección de quienes deberían combatir el robo de hidrocarburos.
