Contrapapel.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACh) cerraron la sede central de la Universidad, así como las unidades y centros regionales para exigir una solución a la cancelación de seguros.
Desde las cinco de la mañana de este jueves, personal administrativo de la institución se apostó en las puertas de cada una de las sedes de la Universidad de Chapingo para exigir una mesa de diálogo con las autoridades de la institución luego de que el 27 de septiembre la subdirectora de Recursos Humanos, Pamela Aguiluz Rebolledo, emitió un documento para dar de baja los seguros de gastos médicos mayores y de autos de los trabajadores.
El STUACh explicó que de manera unilateral, la funcionaria estableció un periodo de 21 días para registrar en una base de datos a todos los beneficiarios de los seguros y en caso de no hacerlo se dará de baja a los trabajadores y sus dependientes.
Los trabajadores aseguraron que las pólizas de seguros se renovaban de manera automática cada año y sólo se cambiaban las altas y bajas a petición de los empleados, y acusaron que el nuevo procedimiento generará contratiempos que terminarán por desproteger a los miembros de la comunidad.
Asimismo, reprocharon que Aguiluz Rebolledo desdeña toda la información con la que cuenta sobre los trabajadores y minimiza la problemática de dejarlos sin seguro, manteniendo una actitud cerrada en la que se niega a establecer una mesa de diálogo con los sindicatos del STUACh y del STAUACh.
“La actitud arbitraria de la Subdirectora de Recursos Humanos lacera la relación que debe tener la administración con los sindicatos del STAUACh y STUACh y peor aún, en caso de que se proceda con las bajas, pone en riesgo la integridad de los trabajadores, su familia y patrimonio”, sentenciaron.
Por ello, hicieron un llamado a establecer una mesa de diálogo para que se tome en cuenta a la base sindicalizada y se garantice la vigencia de los seguros.
A la par, exigieron que se reconozca a la Comisión Mixta de Seguros, como se ha solicitado formalmente en las cláusulas de su contrato y que la administración se niega a conformar.
