Texcoco, Méx., a 6 de octubre de 2025.– El Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco se ha convertido en un negocio millonario, con ingresos estimados en millones de pesos semanales, de acuerdo con denuncias de Personas Privadas de la Libertad (PPL) que acusan una red de corrupción, extorsiones y desvío de recursos.
En una carta enviada a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en poder de Contrapapel.mx los internos afirmaron que el control del penal está en manos de un reo identificado como Fabián Alejandro Velázquez Torres, alias “El Adrián” con el respaldo del director Mario Alberto Santamaría Méndez y del comandante Arturo Ramírez Ortega.
Los escritos señalan que cada servicio tiene un costo: desde 13 mil pesos por “talacha” hasta 5 mil pesos por rentar una celda, además de cuotas por televisión, camas, uniformes, cortes de pelo y hasta por dormir en el piso o en el baño. Estas prácticas, advierten, generan ganancias ilícitas que se reparten con autoridades penitenciarias.
Además, denunciaron el desvío de insumos básicos como huevo, azúcar y harina, los cuales se venden fuera del penal. Incluso se mencionó el uso de una camioneta oficial tipo Ford Super Duty (placas LG 60-657) para transportar mercancía de manera ilegal.
Los reclusos también refirieron golpizas, torturas y amenazas a familiares, así como muertes que no se investigan, lo que refleja la colusión entre custodios y mandos del penal.
Durante los primeros días de agosto, familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) realizaron protestas simultáneas en los penales de Chalco, Chiconautla (Ecatepec), Molino de Flores (Texcoco) y Bordo de Xochiaca (Nezahualcóyotl) para exigir el traslado de Fabián Alejandro Velázquez Torres, alias “El Adrián”, a un penal federal.
Los inconformes lo señalan de mantener el control total del sistema interno en complicidad con autoridades penitenciarias, mediante extorsiones, cobros ilegales y privilegios, lo que —aseguran— ha generado un clima de corrupción, violencia e impunidad dentro de los centros estatales.
“Todo está diseñado para sacar dinero, desde caminar hasta bañarse tiene un costo”, señalaron los internos, quienes pidieron la intervención urgente de autoridades estatales y federales para frenar la corrupción que mantiene al penal como una “mina de oro” para funcionarios y líderes internos.
