Toluca, Méx., a 04 de agosto de 2020. Tras señalar que hoy el trámite estatal del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) es un fracaso en la entidad y parte de un proceso plagado de corrupción, que frena la inversión en la entidad, el diputado Nazario Gutiérrez Martínez propuso desaparecerlo y que sean los Ayuntamientos quienes se encarguen de estos trámites.
El morenista presentó en el pleno una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y abrogar la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México.
El DUF es un documento que incluye evaluaciones técnicas de factibilidad en materias de salubridad local, desarrollo urbano y vivienda, protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua, para determinar la apertura de unidades económicas.
Sin embargo, el legislador manifestó que los empresarios han señalado que se les agotó la paciencia en lo que corresponde al DUF, calificándolo como ineficiente, por lo que solicitan resultados en el corto plazo, pues el abrir alguna unidad económica se ha convertido en un proceso oneroso y plagado de corrupción.
Gutiérrez Martínez destacó que si bien la economía se encuentra en recesión, las trabas administrativas impactan a la creación de empleos en la entidad, pues de las 680 mil unidades económicas que hay, el 95 por ciento son microempresas, y todas sujetas al DUF para poder laborar.
El costo que pagan los ciudadanos y empresarios para realizar los trámites que les permitan dar correcto cumplimiento a estás, llega a ser muy alto.
“Es momento de aceptar el fracaso del Dictamen Único de Factibilidad en materia comercial y la Ley de Competitividad y ordenamiento comercial, ya que no se ha cumplido el objetivo que diera origen para el desarrollo del Estado, proyectándolo en un lugar poco atractivo para la inversión; muchos establecimientos hoy están en la informalidad o han cerrado sus puertas”, denunció Nazario Gutiérrez.
El Dictamen Único de Factibilidad en materia comercial y la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, se han convertido en el obstáculo para el desarrollo del Estado y sus 125 municipios.
El costo unitario del trámite considerando realizar dos viajes a la Comisión de Factibilidad del Estado de México es de $3, 896.00, y el tiempo de respuesta va de 45 y hasta 120 días hábiles, lo que provoca que inicien operaciones sin autorización o busquen otra entidad para instalar sus unidades mercantiles.
El legislador planteó que se otorgue a los Ayuntamientos mayor capacidad de decisión en la determinación de apertura de las unidades económicas, a cargo de las Direcciones Municipales de Desarrollo Económico o su equivalente.
“Para dar certidumbre a los inversionistas en la materia, es fundamental contar con un marco normativo, transparente y ágil para la inversión. Esta medida puede tener efecto inmediato en la recuperación del empleo, la promoción de la economía en los municipios y el aumento en las inversiones a nivel estatal”, apuntó el legislador.
