La fiscalía cuenta con siete órdenes de aprehensión en contra de integrantes de las fuerzas armadas
Manuel Godínez
Estado de México (CP).- La encargada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) Sara Irene Herrerías y el titular del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Santiago Aguirre, ventilaron una vieja disputa respecto a la matanza de junio de 2014 ocurrida Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército mexicano.
Luego de que el pasado 3 de noviembre el Centro de Derechos Humanos reveló que, a pesar de que la fiscalía cuenta con siete órdenes de aprehensión en contra de integrantes de las fuerzas armadas, han dejado pasar un año sin ejercer acción penal en contra de estos.
“Es preocupante que nos digan que ahora si se materializan porque va a ayudar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando son órdenes que la Fiscalía debe ejecutar sin pedirle permiso al Ejército”, expuso durante un encuentro virtual en el programa de la periodista Carmen Aristegui.
Durante el programa, Santiago Aguirre lamentó que todo el trabajo realizado por los organismos independientes siga sin tomarse en cuenta por la FGR.
Por lo anterior, pidió a la dependencia “interrogar a la cadena de mando militar involucrada en los hechos, pues de ahí surgieron elementos que demostraron que algunos han incurrido en falsedad y se demostró que la orden de abatir existió y fue real”.
En su defensa, Sara Irene Herrerías Guerra negó que su dependencia haya dado “carpetazo” al caso en el que murieron 22 personas a manos de militares que en aquel momento obedecían órdenes del general Salvador Cienfuegos –acusado de narcotráfico en Estados Unidos-.
“Ese no ejercicio se revocó y tienen todavía que realizarse actos de investigación ulteriores que ojalá se realicen de manera exhaustiva para indagar quienes son los responsables de esta orden y que finalmente rindan cuentas”, aclaró Herrerías.
Al referirse a lo denunciado por el CDHH, puntualizó que el amparo emitido en junio 2017, sirvió a la Fiscalía desahogara las pruebas necesarias, entre ellas, las declaraciones de los altos rangos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estuvieron en la matanza.
Los implicados que están en el radar de la FGR, según la funcionaria, son cuatro generales, un soldado y un cabo, pero adelantó que no habrá cacería de brujas, pues se está actuando “conforme a derecho y en representación de las víctimas respetando sus derechos”.
La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Tlatlaya –avalada por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas-, fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes.
Empero, la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que las 22 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
