Contrapapel.- La Auditoría Superior de la Federación reveló inconsistencias en 305 mil 333 títulos o grados académicos y 29 mil 588 cédulas profesionales emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Delfina Gómez.
De acuerdo con un reporte de la ASF, la dependencia reportó el registro y expedición de estos documentos con efectos de patente del nivel superior, “pero no contó con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos”.
La Auditoría observó que estas irregularidades fueron cometidas en el año 2020, según la información publicada por El Financiero.
Asimismo, indicó que la SEP “no contó con parámetros para evaluar su oportunidad y, además, registró 29 mil 588 solicitudes de expedición de cédulas sin aclarar el origen ni su correspondencia con las cédulas emitidas ni con las 19 mil 499 solicitudes identificadas para el procedimiento híbrido, lo que evidenció áreas de mejora en el procesamiento de información”.
Además, señaló que la dependencia careció de disposiciones para identificar los criterios, mecanismos de control y fases de los procesos de autenticación y dictaminación. Tampoco acreditó la implementación de mecanismos de coordinación con las entidades federativas para uniformar las normas a que deba sujetarse el servicio profesional.
Aunque la ASF reconoció los avances en el proceso de expedición de cédulas profesionales electrónicas, aseguró que “deben fortalecerse los mecanismos implementados por la SEP en la materia, para garantizar que se lleve a cabo un proceso de mejora continua que evite poner en riesgo la actividad rectora del Estado en materia de ejercicio profesional, para contribuir a que los profesionistas cuenten de forma oportuna con un registro que les permita ejercer su profesión en un marco de legalidad y certeza jurídica”.
A la par, alertó que en el registro de títulos y expedición de cédulas profesionales elaborado por la SEP mediante el Pp E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones, en 2020 presentó áreas de oportunidad, lo cual impidió asegurar que la entrega de cédulas a los egresados de educación superior se realizara de manera eficiente para ejercer su profesión, porque el marco normativo no era congruente, pertinente ni actualizado.
El organismo fiscalizador destacó que desde 2018 se realizaron cambios a la normativa de expedición de cédulas profesionales electrónicas, pero la emisión del nuevo reglamento interior de la SEP fue hasta 2020, casi dos años después, con motivo de la Ley General de Educación derivada de la reforma educativa de 2019.
Lo anterior, detalló, “repercutió en la falta de atribuciones para realizar las actualizaciones que debían proponerse en la normativa específica, por lo que los manuales de organización y de procedimientos de la DGPROF no han sido actualizados por la dependencia conforme a las nuevas disposiciones”.
