Nezahualcóyotl, Estado de México, 14 de mayo de 2025.Una red de corrupción y extorsión al interior del penal Neza Bordo fue desmantelada por la Subsecretaría de Control Penitenciario del Estado de México, luego de múltiples denuncias por maltrato a Personas Privadas de la Libertad (PPL). El operativo se realizó el pasado 28 de abril, cuando fueron relevados los mandos penitenciarios y se nombró a una nueva directora para recuperar el orden.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS), a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, detectó una red de enriquecimiento ilícito, extorsión y abusos dentro del Centro Preventivo y de Readaptación Social Neza Bordo, al oriente del Valle de México.
Las investigaciones iniciaron tras el aumento de quejas de familiares de reclusos, quienes denunciaron cobros indebidos y maltratos por parte de las autoridades penitenciarias. Fue el 28 de abril cuando el subsecretario Víctor Manuel Martínez Mendoza ordenó la destitución inmediata de la directora Verónica Jiménez Moreno y del comandante Miguel Ángel Ojeda, señalados como los líderes del esquema de corrupción.
De acuerdo con los reportes, la red permitía la grabación y tortura de internos para después extorsionar a sus familias con amenazas y exigir transferencias bancarias. Además, los custodios cobraban entre 30 y 50 pesos para permitir el ingreso de alimentos, ropa y artículos de higiene.
Los abusos alcanzaban incluso el acceso a agua potable, ya que los internos debían pagar hasta 20 pesos por un bote de agua. Se estima que la exdirectora obtenía hasta 500 mil pesos semanales producto de estas prácticas ilegales.
Para contener la crisis, la SS nombró como nueva directora a Merly Ingrid Cuéllar Romero, quien previamente había logrado pacificar el penal de Texcoco. Su llegada marcó el inicio de una política de “cero corrupción”, respaldada por un equipo de confianza conformado por Lourdes Jazmín Vergara Caballero, José Luis Díaz Silva e Israel Basurto.
En pocos días, el nuevo equipo eliminó las cuotas ilegales, restituyó el acceso gratuito al agua potable y desarticuló los negocios internos que operaban con privilegios para ciertos grupos.
Las acciones implementadas han generado inconformidad entre los grupos afectados, lo que ha derivado en rumores de motines o enfrentamientos, los cuales han sido desmentidos por las autoridades. Hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente dentro del penal.
Con estas medidas, el penal Neza Bordo busca recuperar el control institucional y garantizar los derechos humanos de los PPL, bajo una nueva administración enfocada en la transparencia y el orden.
