Toluca, Méx., a 29 de septiembre de 2025.– El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) presentó una iniciativa para tipificar como delito autónomo la fabricación, alteración o manipulación de pruebas en procesos judiciales del Estado de México, con sanciones que podrían alcanzar hasta 24 años de cárcel.
La propuesta busca reformar el Código Penal estatal y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Establece que quienes falsifiquen o manipulen pruebas enfrentarán una pena base de 8 años de prisión, además de 500 días de multa, destitución e inhabilitación del cargo.
Si los responsables son abogados defensores, la pena aumentaría a 12 años, y si estas conductas derivan en una sentencia condenatoria contra una persona inocente, las sanciones se duplicarían: hasta 16 años de cárcel para juezas, fiscales, policías y peritos, y hasta 24 años para defensoras o defensores.
El legislador explicó que estas conductas afectan gravemente la impartición de justicia, pues en el Estado de México existen 41 mil personas privadas de la libertad en los 22 penales estatales, de las cuales se estima que 18 mil 450 podrían ser inocentes, víctimas de pruebas fabricadas.
Martínez Vargas subrayó que, aunque el Código Penal ya contempla figuras vinculadas con la falsedad documental, no existe una tipificación clara y autónoma sobre la fabricación de pruebas, lo que deja espacios para la corrupción y la manipulación procesal.
De aprobarse, esta reforma cerraría puertas a la impunidad y fortalecería el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
