Toluca, Estado de México. El diputado local Octavio Martínez Vargas, de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México, con el objetivo de establecer las bases para que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal pueda otorgar la conmutación de pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común.
Durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el legislador planteó abrogar la Ley de Indulto estatal vigente desde el 18 de abril de 2016 y sustituirla por un nuevo marco jurídico que redefina causales, aclare procedimientos, fortalezca órganos técnicos y otorgue garantías tanto a las personas privadas de la libertad como a las víctimas y a la sociedad.
El diputado señaló que la propuesta parte de la realidad concreta de las cárceles mexiquenses y de los contextos de vida de las personas recluidas. En tribuna, sostuvo que la iniciativa retoma preocupaciones expresadas por colectivos, familiares y personas privadas de la libertad que buscan una vía institucional para corregir injusticias y desequilibrios entre la pena impuesta y los principios de dignidad, proporcionalidad e igualdad.
La iniciativa incorpora un catálogo de causales sustentado en evidencia objetiva, estándares nacionales e internacionales y criterios verificables, para valorar casos de enfermedad grave, vejez, afectaciones irreversibles a hijas e hijos menores, violaciones documentadas al debido proceso, discriminación estructural, barreras lingüísticas y culturales, así como otras condiciones de vulnerabilidad acreditada.
Octavio Martínez afirmó que cuatro de cada 10 personas detenidas presuntamente han sido víctimas de fabricación de delitos y que actualmente existen más de 40 mil personas privadas de la libertad en 22 reclusorios mexiquenses. Añadió que la propuesta podría beneficiar a personas con trastornos psiquiátricos sin atención adecuada, estimadas en alrededor de 500 casos, así como a personas con enfermedades terminales, diabetes avanzada, cáncer, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y mujeres víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
El documento precisa que el indulto será un acto unilateral, excepcional y discrecional de la persona titular del Poder Ejecutivo, mediante el cual se declarará la extinción total o parcial de la ejecución de la pena impuesta en sentencia firme. También aclara que la concesión del indulto no afectará la validez de la sentencia, no modificará la responsabilidad penal determinada judicialmente ni eliminará las obligaciones de reparación del daño.
La propuesta establece tiempos definidos para cada etapa del procedimiento, fija responsabilidades concretas para las autoridades encargadas de integrar expedientes, prevé la emisión inmediata de documentos sin costo y contempla responsabilidad administrativa para quienes obstaculicen o retrasen el trámite sin causa justificada.
Asimismo, fortalece el Consejo Consultivo de Indulto, órgano ya previsto en la normatividad vigente, al dotarlo de un marco normativo más robusto para emitir opiniones técnicas fundadas en parámetros objetivos, perspectivas interdisciplinarias y principios de derechos humanos, con el fin de evitar opacidad y discrecionalidad excesiva.
La iniciativa también contempla medidas de acceso efectivo al procedimiento, orientación adecuada, información accesible y apoyo institucional para las personas privadas de la libertad, además de salvaguardas para la protección de datos personales, la participación informada de las víctimas y la ejecución inmediata de resoluciones favorables.
Entre los artículos transitorios, se establece que el Consejo Consultivo de Indulto deberá instalarse formalmente dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley. Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad, deberá emitir las disposiciones administrativas necesarias también dentro de ese plazo.
De acuerdo con cifras incluidas en la iniciativa, al cierre de 2024, el INEGI reportó 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México, de las cuales 63.7 por ciento contaba con sentencia y 36.3 por ciento no. Además, el Estado de México fue señalado entre las entidades con 238.8 personas recluidas por cada 100 espacios disponibles, mientras que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 reportó 35 mil 141 personas privadas de la libertad en la entidad, el sistema penitenciario estatal más grande del país.
La iniciativa fue turnada para su análisis en comisiones legislativas.
