Toluca, Estado de México. Con el objetivo de fortalecer la transparencia, prevenir actos de corrupción y evitar cobros indebidos durante la realización de trámites gubernamentales, el Gobierno del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía diversos canales de denuncia para reportar irregularidades en los Centros de Servicios Administrativos (CSA) de la entidad.
La medida forma parte de la campaña permanente “¡Di No al Coyotaje!”, impulsada por la Oficialía Mayor, mediante la cual se busca proteger a las y los mexiquenses de posibles fraudes, actos ilegales y gestores que ofrecen realizar trámites a cambio de dinero.
Las autoridades informaron que las denuncias por posibles actos de corrupción, cobros indebidos o prácticas relacionadas con el llamado “coyotaje” pueden realizarse a través del número 800 702 87 70 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Asimismo, para reportar conductas irregulares de personas servidoras públicas, la ciudadanía puede comunicarse a la Secretaría de la Contraloría al teléfono 722 167 9409, extensiones 20086, 20100, 20101, 20136 y 20120.
De acuerdo con la administración estatal encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, estas acciones buscan garantizar que los trámites se realicen de manera gratuita, ágil y transparente, además de brindar certeza jurídica a los usuarios que acuden a realizar gestiones oficiales.
Los Centros de Servicios Administrativos donde opera esta estrategia se ubican en Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Temascaltepec, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo, con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.
La Oficialía Mayor exhortó a la población a solicitar apoyo únicamente al personal de orientación debidamente identificado, especialmente en trámites relacionados con licencias, placas vehiculares, actas, apostillas y otros servicios gubernamentales.
Con esta estrategia, el Gobierno estatal busca reducir prácticas irregulares, fortalecer la rendición de cuentas y promover una cultura de legalidad en la prestación de servicios públicos.
