Chimalhuacán, Estado de México. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión contra Juan Carlos “N”, investigado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas en agravio de Jaqueline Guzmán Contreras, quien fue reportada como desaparecida el pasado 4 de junio de 2026 en este municipio.
De acuerdo con la institución, durante la audiencia inicial de formulación de imputación, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que un juez fijó el próximo 19 de junio para la continuación de la audiencia y determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Las investigaciones de la Fiscalía establecen que Jaqueline Guzmán Contreras, de 31 años de edad, salió de su domicilio el pasado 4 de junio y posteriormente abordó un mototaxi con dirección al domicilio de Juan Carlos “N”, quien era su expareja sentimental. Desde ese momento se perdió todo contacto con la víctima.
Derivado de trabajos de inteligencia y análisis de videovigilancia, las autoridades identificaron que el ahora investigado arribó a su domicilio a bordo de un vehículo Nissan Versa color blanco, del cual descendió varias bolsas negras, situación que fortaleció las líneas de investigación.
Con base en estos indicios, la FGJEM obtuvo una orden de cateo para el inmueble, diligencia que fue ejecutada el pasado 10 de junio. Durante la intervención fueron localizados restos humanos, así como prendas con aparentes manchas hemáticas y otros indicios relacionados con la investigación.
Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Chimalhuacán, donde continúan los estudios periciales para determinar plenamente su identidad.
La Fiscalía informó que desde el 10 de junio, Juan Carlos “N” ya se encontraba interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl por su probable participación en delitos contra la salud, por lo que la nueva orden de aprehensión fue ejecutada en reclusión.
Las autoridades señalaron que, en caso de ser encontrado responsable, podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión. No obstante, deberá ser considerado inocente hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria.
