Manuel Godínez
Contrapapel.- Las mujeres víctimas de tortura sexual en la represión en San Salvador Atenco, a manos de los cuerpos policiacos del ex gobernador Enrique Peña Nieto y el ex presidente Vicente Fox, acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de “falta de voluntad” para cumplir la sentencia sobre este caso emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 18 de diciembre de 2018.
“A quince años de las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, que implicaron represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura – incluida la tortura sexual contra mujeres – a manos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional”, denunciaron las mujeres desde el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Italia Méndez y Edith Rosales coincidieron en lamentar la falta de acceso a la justicia, pese a que en diciembre de 2018 que se dio a conocer la sentencia, el gobierno de López Obrador se comprometió a cumplirla sentencia, que obligaba al Estado mexicano a reabrir las investigaciones y procesar la cadena de mando.
Italia Méndez y Edith Rosales coincidieron en lamentar la falta de acceso a la justicia, pese a que en diciembre de 2018 que se dio a conocer la sentencia, el gobierno de López Obrador se comprometió a cumplirla sentencia, que obligaba al Estado mexicano a reabrir las investigaciones y procesar la cadena de mando.
Italia Méndez reconoció que desde que se emitió la sentencia hasta ahora, sólo han tenido una reunión encabezada con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Vivienda, Alejandro Encinas, y que en encuentros con autoridades encargadas del cumplimiento recurren a la evasión de responsabilidad.
“Nuestra frustración, nuestras dudas y nuestro franca consternación tiene que ver con que, en la vía de los hechos, no han respondido a una sentencia que es obligatoria para el Estado mexicano, tienen un fallo, su obligación es vinculante y no hay para atrás”, puntualizó Méndez.
Respecto a la justicia del Estado de México, las mujeres acusaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sigue sin remitir la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.
La actitud negativa de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa desde noviembre del 2020.
Por toda la suma de desacatos, advirtieron que el retraso en la aplicación de medidas individuales, como la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, se debe principalmente a la falta de coordinación interinstitucional, múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo que son “poco acordes con una política de atención a víctimas diligente.”
