En 2012 vecinos exigieron a la alcaldesa intervenir por graves daños a sus viviendas por mala construcción. Constructores pertenecen al círculo político y de poder del PRI: Sibaja
Toluca, Méx., a 26 de abril de 2023. Como alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, en el trienio 2009-2012, Alejandra del Moral permitió un fraude inmobiliario de la empresa Profusa Cuautitlán, propiedad del exdiputado federal del PRI, Francisco Funtanet Mange, y que construyó 11 mil 301 viviendas en suelo fangoso-arcilloso, que pusieron en riesgo a 45 mil habitantes, en el Conjunto Urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, como lo comprobaron especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aseguró el diputado Daniel Sibaja.
Aunque la candidata del PRI-PAN-PRD a la Gubernatura, hoy ofrece en sus promesas de campaña “escuchar a las y los mexiquenses para atenderlos y después trabajar unidos para resolver”, como presidenta municipal no atendió el fraude por 2 mil 600 millones de pesos a 11 mil familias que compraron vivienda en el municipio que gobernaba y donde se registraron graves daños por deficiencias en la construcción y uso de materiales de baja calidad.
Durante los mandatos de los ex gobernadores Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, autorizaron al menos 325 conjuntos urbanos, con un total de 617 mil 250 viviendas a inmobiliarias que no cumplieron con los requisitos de abastecimiento de agua, incorporación vial, impacto ambiental y protección civil por mencionar algunos.
Profusa Cuautitlán era propiedad de la familia del ex diputado federal Francisco Funtanet Mange, amigo del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. En 2011, durante el gobierno municipal de Alejandra del Moral, varias familias sufrieron fracturas en las paredes de sus casas, de acuerdo con diversos reportes en medios de comunicación, y en consecuencia denunciaron que fueron defraudados por una cantidad superior a los 2 mil 600 millones de pesos, por la compra de vivienda de interés social en el Conjunto Urbano Lomas de San Francisco Tepojaco.
Sibaja recordó que a petición de los vecinos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Urbano estatales confirmaron problemas de agrietamiento en al menos 3 mil 500 casas, que tuvieron un costo de entre 145 mil hasta 200 mil pesos y fueron adquiridas a crédito por 20 años.
De acuerdo al que en su momento emitió el IPN, concluyó que la constructora, propiedad del exdiputado federal del PRI, no compactó el suelo antes de edificar las viviendas, lo que provocó hundimientos locales, que, aunado a la falta de muros retenedores y factores hidrológicos, provocaron agrietamientos del subsuelo que se extendieron hacia las construcciones y explican las cuarteaduras de las casas habitación.
Daniel Sibaja refirió que de acuerdo a la Gaceta General de Gobierno del Estado de México, de fecha 3 de septiembre de 1999, el conjunto urbano fue autorizado a la Constructora Profusa Cuautitlán SA de CV, cuyo representante legal era Ricardo Fountanet Mange, y recordó que su hermano Pablo Foutanet, fue promotor del conjunto residencial Club de Golf Bosque Real, en Huixquilucan, donde los inmuebles se cotizan en dólares.
Otro de los hermanos, Francisco Fountanet Mange, fue Secretario de Desarrollo Económico, en el sexenio del ex gobernador Arturo Montiel Rojas 1999-2005, cuando comenzó la construcción de Lomas de San Francisco Tepojaco.
El diputado de Morena lamentó que aunque en su reciente visita de campaña a Cuautitlán Izcalli, Alejandra Del Moral acudió a comprometerse, seguir trabajando por su pueblo y ofreció terminar el hospital estatal que sigue en obra negra desde hace nueve años, cuando fue presidenta municipal no protegió a los vecinos afectados por el fraude a sus viviendas, ni garantizó la reparación del daño.
A 13 años de estas denuncias, vecinos sobreviven en viviendas dañadas, que no tienen cimentación, están construidas sobre una placa de concreto, con muros fracturados o con desplazamiento, pero no cuentan con recursos económicos para mudarse a otro sitio y aunque los afectados llevaron sus denuncias a instancias de derecho internacional por violar el derecho humano a la vivienda y llevan más de 30 juicios, no hay sanciones para los responsables de la corrupción, porque los constructores pertenecen al círculo de poder y clase política que gobierna la entidad desde hace más de 90 años, afirmó Sibaja.
