Toluca, Edomex, 11 de febrero.- A fin de conocer las condiciones de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, la diputada local de Nueva Alianza, Mónica Granillo Velazco exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México informen a la Legislatura sobre la estadística, programas, estrategias y políticas públicas actuales entorno a estos grupos en situación de calle.
A nombre de la bancada de Nueva Alianza, la legisladora presentó el punto de acuerdo para exhortar a dichas dependencias para que en coordinación con los sistemas del DIF estatal y municipales, presenten un informe pues dijo que la niñez es una etapa crucial en el desarrollo del ser humano debido a que será el cimiento de su vida.
La legisladora aliancista explicó que “las niñas, niños y adolescentes en situación de calle son víctimas de todo tipo de violencia por parte de sus familias, instituciones y la sociedad en su conjunto, donde se evidencia la vulneración de todos los derechos en un estado de total desprotección y abandono en el que viven.”
Por lo que esa población “invisible” sufre los efectos acumulativos de la pobreza, el hambre, la disolución de las familias, el aislamiento social, la violencia y el abuso,
encontrándose en total desamparo y en grave peligro dentro de la sociedad donde se desenvuelven, señaló la diputada.
Mónica Granillo Velazco detalló que a pesar de que existen instrumentos y mecanismos de protección internacional y nacional, aún existen niños en situación de calle, los cuales se consideran como tal debido a que viven o tratan de sobrevivir en las calles, estaciones de tren, en puentes, en lotes baldíos y casas abandonadas.
Por lo anterior abundó que dicho escenario hace que los niños estén más propensos o en peligro de caer en redes o situaciones de delincuencia que vulneran todos sus derechos humanos.
Finalmente, la legisladora de Nueva Alianza, Mónica Granillo Velazco consideró que es un grupo de alta vulnerabilidad por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales a establecer políticas públicas integrales que garanticen la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y el pleno goce, respeto, protección y promoción de sus derechos.
