Integra UIF información de EPN y Calderón por soborno en reforma energética

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Contrapapel.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reveló que continúa con la revisión de la información proporcionada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por su presunta participación en el pago de sobornos para la aprobación de la reforma energética.

“Respecto al tema de los expresidentes como se sabe fueron denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya ante la FGR, y estamos nosotros en proceso de integración de la información para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes”, explicó en entrevista a medios de comunicación tras reunirse con diputados electos de Morena.

El funcionario detalló que una vez integrada toda la información relacionada con este caso, serán las autoridades correspondientes las que tomen las decisiones.

A la par, aclaró que la UIF no ha congelado las cuentas bancarias del excandidato presidencial y exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El panista es acusado de haber recibido sobornos por 6 millones 800 mil pesos para dar aval en la reforma energética.

“En este momento no [se han congelado cuentas bancarias], nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia”, precisó.

Nieto Castillo destacó que la UIF continúa con las investigaciones del caso de Ricardo Anaya y reiteró que no es una persecución política en contra del panista.

“Tenemos la instrucción del presidente López Obrador, de como siempre, actuar sin filias, ni fobias, no se trata de ninguna persecución de corte político, y lo que se hará es el requerimiento de la FGR entregar la información correspondiente”, puntualizó.

En agosto de 2020, Emilio Lozoya cerró un acuerdo con la FGR para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel a cambio de convertirse en testigo colaborador en el caso Odebrecht, con lo que ha delatado a buena parte de la élite política mexicana.