CHIMALHUACÁN.- Luego de sufrir un intento de feminicidio, Lety –quien es comerciante y pertenece a una asociación de defensa de locatarios de mercados- fue llevada a una clínica particular en Texcoco, donde la retuvieron y le querían cobrar 54 mil pesos, pero gracias a la intervención de abogados, fue liberada .
La agresión ocurrió dentro del Mercado San Camilo del Barrio Plateros, donde la mujer de 39 años desde hace más de una década atiende una pequeña estética con el que sostiene a su familia.
El 9 de julio pasado un menor de entre 13 y 16 años acudió cerca de las 17:00 horas por un cosmético, su actitud nerviosa llamó la atención de Lety, pero no sospechó que escondía un arma blanca con la que intentó matarla.
“Pidió un rímel de 20 pesos y sólo traía 17, se lo di y me pidió sentarse, estaba sudando mucho y en cuánto le di la espalda, me golpeó en el abdomen, traté de correr para alcanzarlo, pero se me acabó el aire”, narró la víctima.
El chico –vestido con pantalón de mezclilla azul, playera roja y tenis desgastados- escapó por entre los pasillos del mercado sin que fuera ubicado. Pese a la gravedad del ataque, lo peor estaba por venir.
Con el pretexto del Covid-19, el personal de la ambulancia de Rescate Municipal que la atendió, no quiso llevarla a un hospital público local ni de la Ciudad de México y la canalizaron a la Clínica de Especialidades “San Judas Tadeo”, ubicada sobre la Avenida José María Morelos, en San Miguel Coatlinchán, Texcoco.
Aunque parecía pequeña, la herida dañó dos metros del intestino delgado y sufrió hemorragia interna, por lo que en esa clínica particular los médicos le practicaron una cirugía para revisarle todos los órganos. Pese a que su familia preguntó por los costos, fue hasta cuatro días después que les entregaron un recibo por poco más 54 mil pesos, ahí comenzaron las amenazas, incluso, acudieron policías municipales a presionar al pago.
“Por ley, al ingresar tenían que informar mi estado de salud, las lesiones y el costo de la intervención, para valorar si podíamos con el costo o ir a un hospital público, pero sólo respondían que era ‘una cirugía mayor’”, denunció la mujer.
Debido a sus condiciones económicas por la pandemia de Covid-19, Leticia y su familia buscaban negociar una prórroga, pues -incluso empeñando algunas pertenencias- sólo juntaban 25 mil pesos, aún así el personal de la clínica tomó una actitud hostil y les expidió un recibo por 22 mil pesos.
Entonces, la víctima pidió ayuda a unos abogados que conocía. Cuando los litigantes se presentaron en la clínica, la actitud del personal médico cambió radicalmente y la dejaron salir de inmediato, como si temieran algo. Ahora además de exigir que se investigue su caso, también pide que las autoridades revisen el estatus legal de la clínica.
“Hago un llamado al Gobierno del Estado para que me proporcione imágenes del día del ataque, es importante que no se pierdan para saber hacia dónde se dirigió el agresor, esto no lo hizo para robarme, fue un ataque directo y que investiguen esa clínica porque engañan y timan a las personas con verdadero dolo”, exigió la mujer
