Avecindados del predio Hidalgo y Carrizo en Texcoco exigieron a Conagua solución a su demanda de reubicación o indemnización después de que en el 2012 fueron desalojados de unos predios de 50 hectáreas donde estaban asentadas 1098 familias.
La tarde de este lunes, más de 300 personas afectadas se manifestaron en las oficinas del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, dependiente de la Conagua con la finalidad de exigir que se dé continuidad a la minuta de trabajo del 15 de noviembre del 2018 donde la Secretaria de Gobernación Federal, la Sedatu, Conagua, la Procuraduría Agraria y la Secretaria General de Gobierno del Estado de México reconocieron la existencia del conflicto y se comprometieron a resolver la problemática jurídico y social derivada del desalojo de más de cinco mil personas.
Entre las alternativas de solución propuestas por los afectados, se plantearon apoyos de despensas, laminas, pipas de agua, empleo temporal así como una propuesta gubernamental para reubicar a las familias que desde hace siete años viven en condiciones de extrema precariedad.
Además los integrantes de la asociación Hidalgo y Carrizo, propusieron la compra de un predio denominado ’Rancho la Esperanza’ de 19 hectáreas cuyo valor es de 104 millones de pesos así como la intervención de la Sedatu para la lotificación de 200 metros por familia y el pago de 180 mil pesos por concepto de indemnización para las 647 familias que desde el 2012 luchan por recuperar su patrimonio.
Por su parte, la Segob y el gobierno del Estado de México encabezado por Alfredo del Mazo recocieron y aceptaron la problemática de las familias desalojadas por lo que se comprometieron gestionar y tramitar ante la Secretaria de Hacienda los apoyos y recursos para los afectados, situación que quedó en el olvido por la alternancia en el gobierno federal.
El conflicto se originó la madrugada del 26 de abril del 2012 cuando policías federales y estatales desalojaron a 1098 familias que se encontraban asentadas desde hace más de 20 años por compra a ejidatarios en los predios denominados Hidalgo y Carrizo, ubicados en ejidos de Santa María Chimalhuacán con jurisdicción en el municipio de Texcoco.
El desalojo se dio bajo el argumento que los predios ocupados eran propiedad de Conagua, los cuales en un primer momento serían ocupados para la recarga de mantos acuíferos y para la recuperación del ex Lago de Texcoco.
Posteriormente Conagua argumentó que los terrenos serían ocupados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sin embargo el proyecto fue cancelado por Andrés Manuel López Obrador y hasta la fecha los predios siguen bajo resguardo de Conagua.
Los inconformes bloquearon las entradas y salidas de las oficina de Conagua por poco más de dos horas hasta que una comisión fue atendida por German Martínez Santoyo, director general del Organismo de Cuencas del Valle de México.
Tras la reunión, acordaron continuar con las mesas de trabajo en la Secretaria de Gobernación donde las 647 familias esperan ponerle fin a los siete largos años de espera.
