Octavio Martínez impulsa reforma a la Ley de Amnistía ante duplicación de población penitenciaria en Edomex

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Toluca, Estado de México.— Ante el incremento de la población penitenciaria y las irregularidades en procesos judiciales, el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) propuso la creación de una Comisión Legislativa encargada de integrar aportaciones de sociedad civil, academia, gobierno, familiares de víctimas y especialistas, con el fin de presentar en enero próximo un proyecto de reforma integral a la Ley de Amnistía del Estado de México.

Durante el Foro de Análisis para Reformar la Ley de Amnistía, Martínez destacó que en los 22 centros penitenciarios de la entidad actualmente existen 39 mil personas privadas de la libertad, cifra que —dijo— se ha duplicado respecto a 2015, cuando había 18 mil personas. Señaló que este aumento refleja fallas en la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Poder Judicial, incluyendo fabricación de delitos, inconsistencias procesales y abusos de autoridad.

El legislador adelantó que también presentará una iniciativa para crear una nueva Ley Orgánica de la FGJEM, además de recordar reformas aprobadas recientemente para tipificar el despojo como delito grave, sancionar a los montachoques, combatir la usura (como los préstamos “gota a gota”) y penalizar la fabricación de delitos, así como la propuesta de eliminar el fuero penal a todos los servidores públicos.

En el foro, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la Organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, pidió integrar a expertos nacionales e internacionales para analizar solicitudes de amnistía y revisar incrementos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.

Por su parte, José Carlos Neira Cruz, encargado del Instituto de la Defensoría Pública estatal, solicitó incluir casos de mujeres criminalizadas por pobreza, personas indígenas sin traductor, adolescentes sin garantías procesales y personas acusadas sin pruebas suficientes.

El encuentro reunió a familiares de víctimas, organizaciones civiles y defensores públicos.