Manuel Godìnez
Contrapapel.- Oscar Antonio Madero González, Juez Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, dio la razón a las mujeres y ordenó a la Fiscalía General del Estado de México cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) de entregar la investigación sobre la tortura y violación de 11 mujeres en el municipio de San Salvador Atenco, en 2006.
Por lo anterior, la FGJEM debe revocar su negativa de cumplir con la facultad de atracción ejercida por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR, pues al no justificar la negativa, había vulnerado los derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad y equidad y género.
En conferencia de prensa, dos de las sobrevivientes de los hechos y un grupo de abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) explicaron que, a dos años de que la COIDH emitiera su sentencia, las autoridades mexiquenses siguen negándose a que la Fiscalía General de la República (FGR) se haga cargo del caso, lo cual ha “fragmentado” las indagatorias.
«En su sentencia, el juez de amparo estableció que la fiscalía local no justificó por qué no procedería entregar la investigación a la Federación, tomando en cuenta los hechos del caso y los derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad y equidad y género», expresó el equipo de Agustín Pro Juárez.
Ante la resistencia de la justicia del estado de México a que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la FGR atraiga el expediente por completo, las personas
Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, acusó que las autoridades siguen siendo cómplices de la actuación de mil 800 policías.
La FGJEM argumentó que no se ha probado la llamada “conexidad” de los delitos cometidos tanto por policías federales, como estatales y municipales, por lo cual sería un error de la FGR atraer el caso por completo, cuando en realidad dicho factor se ha acreditado al tratarse de un operativo conjunto.
Italia Méndez, una de los sobrevivientes de los hechos, calificó como “vergonzoso e indignante” que las víctimas tengan que litigar contra las autoridades del estado de México para que cumplan con su obligación, al tiempo que llamó a estas últimas a dejar de ser omisas y no obstaculizar más la investigación a los policías agresores.
