Manuel Godínez
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, denunció a la organización política Antorcha Campesina, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntamente lavar más de mil 500 millones de pesos durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
“Se han presentado hasta el momento, dos denuncias relacionadas con el grupo Antorcha Campesina, básicamente por el delito de lavado de dinero, en razón de que hemos encontrado flujos irregulares de efectivo”, sostuvo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, desde uno de los pasillos del Palacio Nacional.
Para evitar violaciones al debido proceso, el ex fiscal en Delitos Electorales evitó dar nombres de los líderes implicados, pero señaló que, en dos cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina, existen depósitos en efectivo por más de 700 millones en una cuenta, y otra por más de 800 millones.
“(En la UIF) consideramos que no está acreditado el origen de esos recursos, y es muy importante que este tipo de grupos que actúan al margen de la ley en sus operaciones, sean procesados, de acuerdo a lo que marca nuestra constitución y las leyes”, sentenció Nieto Castillo.
Apenas hace 20 días, el funcionario anunciaba el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas al organismo político, que presuntamente mantienen una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria.
“Durante el periodo comprendido de 2009 a 2019, (Antorcha Campesina) realizó depósitos por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos”, precisó la UIF el 24 de agosto.
En respuesta al anuncio de la denuncia, el vocero nacional de Antorcha Campesina, Homero Aguirre acusó a la UIF y al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de utilizar la maquinaria del Estado en su contra.
“Sin presentar la más mínima prueba de sus acusaciones, eso sí, violando y atropellando el derecho al debido proceso, porque antes de que haya una investigación real, ya se está sancionado y condenado a un grupo”, refutó la organización mediante un comunicado en el que no aporta pruebas en contra de las acusaciones.
