Manuel Godínez
Contrapapel.- Erick Herzain Torres Mulhia, exdirector del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad del delito de uso ilícito de atribuciones en el contrato firmado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 33 millones de pesos.
Aunque sólo está enfrentando el proceso judicial por este caso según la causa penal 519/2020, Torres Mulhia fue titular del FONDICT cuando se concretaron 14 convenios con seis instituciones del gobierno federal que sumaron mil 468 millones de pesos y que forman parte de La Estafa Maestra, reveló la periodista Nayeli Roldán.
En dichos convenios, el FONDICT no realizó los servicios sino subcontrató a empresas para hacerlos, aunque éstas resultaron ser ilegales. Y sólo por participar en esta triangulación que sirvió para evadir los procesos de licitación, el Fondo obtuvo 66 millones de pesos entre 2013 y 2014.
El FONDICT es el fondo de la Universidad Autónoma del Estado de México creado en 1982 para financiar planes y programas de investigación científica, tecnológica, extensión universitaria, difusión de la cultura y promover empresas y sistemas productivos de comercialización para captar recursos.
Sin embargo participó en la trama de presunto desvío de recursos, igual que la entidad de la que depende, la UAEM, cuyo representante legal, Hugo Manuel del Pozzo, firmó decenas de convenios entre 2009 y 2014 con distintas dependencias del gobierno general para supuestos servicios. Por ello, también enfrentó un proceso judicial por peculado.
El pasado 27 de abril, Herzain Torres Mulhia y René Pineda Sánchez, exfuncionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fueron vinculados a proceso, es decir, el juez consideró que existen pruebas suficientes para continuar con la investigación por el posible delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Mientras que José Luis Ayala Paredes y Luis Wolf Chavez, exempleados de la CNBV también continuarán el procesos penal por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito del servicio público puesto que no informaron por escrito a su superior jerárquico que se podía causar un grave daño a los intereses de la CNBV por dicho convenio, explicó la periodista Roldán.
El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, a partir del contrato CNBV/461/2014 firmado el 26 de septiembre de 2014 y cuyo monto asciende a 33 millones 996 mil pesos.
