Redacción Contrapapel.- Durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, se adjudicaron de manera directa, al menos dos contratos a la empresa Balam Seguridad Privada S.A de C.V., señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como operadora en México del malware de espionaje mundial “Pegasus” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la investigación internacional Pegasus Project, la empresa Balam Seguridad Privada, dedicada a la distribución, montaje y venta del malware que sirvió para vigilar a activistas, civiles identificados como opositores, defensores y periodistas, se firmaron en 2013.
El contrato registrado con el número 006/2013 para instalar un “centro de almacenamiento y procesamiento de datos” y el 017/2013 para -presumiblemente- la “formación y capacitación de los integrantes de la policía ministerial acreditable”.
Ambos contratos y sus datos integrales, fueron declarados “reservados” por cinco años, por el Comité de Transparencia de la FGJEM en junio de 2017.
La reserva de estos contratos por cinco años incluye la declaratoria de “confidencialidad”, que los cierra por completo.
Estos contratos fueron reconocidos por el gobierno del Estado de México, cuando Eruviel Ávila Villegas aún era gobernador, y en respuesta a solicitudes de información que presentó un particular para obtener los contratos de las empresas de seguridad, a las que el gobierno eruvielista había entregado contratos.
Al final los contratos fueron negados, pero terminaron con el reconocimiento explícito de la existencia de al menos estos siete y la aceptación, en uno de los resolutivos del Comité de Transparencia de la FGJEM, que serían para “infiltrar equipos de comunicación”, aunque en este caso -aseguraron-, para los equipos tácticos y ministeriales.
La negativa reiterada a entregar los contratos, fue que hacerlo “pondría en riesgo la seguridad” de los ciudadanos y el territorio.
Durante la conferencia “mañanera” de este 21 de julio, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, reveló que además de instancias del gobierno federal como la FGR y el CISEN, al menos dos estados de la república, habían adquirido el sistema de espionaje “Pegasus”: Veracruz y el Estado de México.
También destacó que para realizar los pagos a la empresa propietaria de este sistema de filtración de comunicaciones y la vida privada mediante los propios teléfonos celulares de las víctimas, lo habrían realizado las dependencias gubernamentales y los gobiernos estatales que lo adquirieron, mediante triangulaciones diversas con empresas “fachada”.
