México, 25 de marzo de 2021.- El clima de violencia que se vive en nuestro país en contra de las candidatas y candidatos a puestos de gobierno, suma más de 60 víctimas, registradas desde septiembre pasado.
De acuerdo con la ONG Causa en Común, presidida por la activista María Elena Morera, desde septiembre pasado se han registrado 139 decesos relacionados con las elecciones: 61 candidatos y 78 servidores públicos sin militancia.
Durante un seminario titulado “Violencia política en México en periodos electorales”, la activista mencionó que de continuar con este nivel de violencia contra los aspirantes a puestos electorales, la democracia en nuestro país corre riesgo, ya que no existirán personas que arriesguen su vida en pro de la misma. Aseveró “si además, aspirar a un cargo público significa jugarse la vida, no es exagerado afirmar que nuestra democracia podría tener los días contados.”
Carlos Rubio, gerente de riesgo político de Integralia, consultoría participante en el seminario, declaró que la violencia electoral “es un problema muy grave que requiere atención inmediata porque vulnera la capacidad de la ciudadanía para elegir a los mejores candidatos”.
Rubio, atribuye el clima de violencia política al crimen organizado y a los presuntos vínculos que se tienen con autoridades tanto policiales como miembros de gobiernos municipales.
Las elecciones del próximo 6 de junio, nombradas como las más importantes de la historia por Lorenzo Córdova, presidente del INE, al momento solo se ven superadas en temas de violencia por las elecciones de 2018, en que se registraron 152 casos de asesinatos políticos.
Del total de víctimas registradas durante el proceso electoral 2020-2021, el 65 por ciento de los casos está relacionado con gobiernos municipales, lo que resulta en 90 casos, el 20 por ciento tiene que ver con gobiernos estatales (28 casos) y 15 por ciento con el gobierno federal (21).
Veracruz, es el estado con las cifras más alarmantes, ya que acumula el 12 por ciento de los homicidios, con 12 políticos y cinco servidores públicos asesinados.
Estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua y Chiapas han presentado algunos de los casos de violencia política que suman a la estadística.
En Chihuahua, por ejemplo, el precandidato por la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando Gonzáles Lara, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), murió asesinado el pasado 5 de marzo, luego de relacionarse con dos presuntos sicarios partícipes de la masacre de Bavispe, en Sonora.
El pasado 25 de noviembre de 2020, el precandidato del PRD por la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Antonio Hernández Godínez, fue ultimado a balazos en un negocio de su propiedad.
En Chiapas Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Chilón, Chiapas, fue asesinado la madrugada del 17 de marzo, cuando viajaba en compañía de su esposa, su hijo y un acompañante hacia la cabecera municipal, cuando fueron interceptados por un comando armado; el precandidato murió luego de ser alcanzado por una bala.
Mientras tanto, el pasado 21 de febrero, el precandidato de Morena a la alcaldía de La Barca, en Jalisco, Manuel Aranguren Ochoa, perdió la vida en su domicilio; tras desayunar con su familia, se retiró a su habitación, sin embargo, accidentalmente accionó su arma contra sí mismo, muriendo en el hospital. La Fiscalía estatal continúa investigando el caso.
Ivonne Gallegos, precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca por la coalición Va por Oaxaca, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, murió acribillada por un comando armado, el pasado 20 de marzo. Los presuntos sicarios dieron alcance a la precandidata a bordo de motocicletas cuando viajaba en su vehículo y le dispararon en varias ocasiones.
En Puerto Morelos, Quintana Roo, Ignacio Sánchez Cordero, secretario de Desarrollo Social y aspirante a la presidencia del municipio, fue asesinado el pasado 24 de febrero, después de recibir varios impactos de bala.
En Veracruz, estado que ha registrado la mayor cantidad de ataques contra actores políticos, Gilberto Ortiz Parra y Melquiades Vázquez Lucas, fueron asesinados en la entidad.
Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván, murió agredido a balazos y perdiendo la vida en el hospital el pasado 11 de febrero, en el municipio de Puente Nacional en Veracruz; mientras que Vázquez Lucas, precandidato por el PRI a presidente municipal de La Perla, en Veracruz, fue ultimado por un grupo armado el pasado 4 de marzo.
