ESTADO DE México. Para evitar que la agricultura mexicana entre a un proceso de privatización y monopolización de semillas y variedades vegetales, la Comisión Permanente del Congreso del Estado de México aprobó exhortar al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que no suscriban el acta de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV 91, también conocida como Ley Monsanto.
Asimismo, exhortaron a los integrantes de la LXIV Legislatura Federal a desechar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada el pasado 19 de febrero
por el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, porque limita el uso e intercambio de semillas por parte de agricultores, como ha sucedido de manera milenaria.
La propuesta del Diputado Max Correa Hernández, que fue presentada por su compañero de bancada, Nancy Nápoles Pacheco, advierte que la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, ahora Tratado-México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), obliga a México a entrar al convenio UPOV 91, el cual es una ley que despoja de la riqueza ancestral a los campesinos y a los mexicanos para que las empresas transnacionales se adueñen y privaticen la diversidad genética del país.
’La Ley Monsanto ha significado en otros países aceptar legalmente la propiedad sobre los cultivos mediante patentes vegetales denominados ’Derechos del Obtentor’, es decir, para la reproducción o multiplicación de lo que denominan ’variedad protegida’ se requerirá una autorización para la siembra, cultivo, posesión, venta o cualquier forma de comercialización, importación, exportación o acción que involucre su manejo.
Tras señalar que de acuerdo con el Atlas de la agroindustria 2019, las trasnacionales que dominan el mercado de las semillas son Monsanto, DuPont-Pioneer y el Grupo ABCD que se conforma por Archer Daniels, Midland Bunge, Cargill y la Louis Dreyfus Company, la diputada de Morena dijo que la UPOV 91 promueve la privatización de toda serie de plantas alimenticias, medicinales o silvestres, incluso las variedades campesinas, indígenas o comunitarias producidas y mejoradas con conocimiento milenario.
El Punto de Acuerdo propuesto por el legislador Max Correa, también coordinador nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), resalta que otro peligro para el campo mexicano y los productores agrícolas es la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que fue presentada el pasado 19 de febrero, y turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
’La redacción de dicha iniciativa limita el uso e intercambio de semillas por parte de agricultores, lo que afecta directamente a la diversidad genética; y en caso de que se contaminen los maíces nativos por híbridos patentados, otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes y se criminalizaría a nuestros indígenas y campesinos que las obtuvieron por procesos naturales de polinización’.
En ese sentido, agrega que en la Cuarta Transformación la política de relaciones exteriores del Estado Mexicano deberá ser puesta a consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada al Pueblo, sobre todo en lo que tiene que ver con los bienes nacionales, dejando atrás la costumbre oligarca y neoliberal de gobiernos pasados de aprobar tratados y convenios internacionales de tipo entreguista.
Finalmente, recordó que este año dedicado al General Emiliano Zapata, no se debe permitir institucionalizar instrumentos neoliberales que despojan a los campesinos y los mexicanos de nuestras semillas y variedades: ’Para lograr la autosuficiencia y soberanía alimentaria en los principales granos de consumo en el país, es necesario fortalecer e incentivar el uso de variedades mejoradas y nativas desarrolladas por los propios productores y campesinos, fortalecidos por las instituciones públicas del sector agrícola, con capacitación y seguimiento de la academia y centros nacionales de investigación’.
