Manuel Godìnez
Contrapapel.- Ochenta y nueve comuneros de la zona oriente del Estado de México, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en el caso del desvío de 400 millones que Sedatu utilizó para la compra de terrenos fantasma alrededor del extinto Aeropuerto Internacional de Texcoco.
Lo anterior, se desató tras la declaración de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Rosario Robles, por lo que los comuneros entregaron un documento a la FGR, para exponer que, fueron víctimas de la triangulación de recursos, conocida como “La Estafa Maestra”, y no cómplices.
Zebadúa aseguró que, con el visto bueno de la Segob y de la Secretaría de Hacienda, Sedatu desvió en 2018 un total de 400 millones de pesos por concepto de “ayuda social” para beneficiar a 190 personas que no eran propietarios de los predios conocidos como Tlateles, en las inmediaciones del fallido NAIM.
Los comuneros aseguran tener pruebas sobre la propiedad de los terrenos y denuncian que al recibir la “ayuda social” de la Sedatu fueron obligados a transferir el dinero a cuentas bancarias de empresas y de personas desconocidas, en una trama en la que estarían implicados exfuncionarios de Segob y Sedatu, sus propios dirigentes sociales, e instituciones bancarias.
El 1 de julio de 2019 acudieron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al acusar que el banco BBVA actuó presuntamente en contubernio en el presunto fraude.
En la denuncia que 89 comuneros interpusieron el 2 de enero de 2019 ante la Fiscalía, se detalla que el origen del presunto fraude tuvo lugar en junio de 2018, cuando como parte integrante del Frente Único del Campo instalaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.
Protestaban porque, a pesar de haber llegado a un acuerdo en mayo de 2017 con el subsecretario de Gobernación, en ese entonces René Juárez Cisneros -hoy coordinador del PRI en la Cámara de Diputados-, la Sedatu aún no les había pagado por la cesión de sus tierras en el ejido Tlateles; un lugar de vital importancia para el nuevo aeropuerto de Texcoco, puesto que ahí la Conagua proyectaba hacer unas obras hidráulicas para evitar inundaciones en la futura infraestructura aeroportuaria que finalmente fue cancelada.
A continuación, les repartieron fichas para ir pasando por grupos de diez a las instalaciones de la dependencia. “Nos quitaron los celulares para que no pudiéramos tener comunicación alguna con nadie”, relata en entrevista el comunero Noé Hernández.
Al entrar al inmueble, los estaban esperando funcionarios de Segob y de la Sedatu, un notario público del que nadie les dijo su nombre ni número de notaría, y dos líderes del Frente Único del Campo.
Una vez ahí, refieren que les hacen firmar unos documentos, que les entregan los cheques, el notario da fe de que los reciben, les hacen una foto con el cheque, y de inmediato los líderes del Frente Único se los arrebatan en presencia de los funcionarios de Sedatu y de la Segob.
De inmediato, los comuneros levantan el plantón. Y cinco días después, a las 16 horas del 20 de junio, los citan en la casa de uno de sus líderes ubicada en Chimalhuacán, Estado de México. “En esa junta, el que era nuestro líder nos dijo que ya el trámite estaba por terminar, pero que había un detalle: lo que nos dieron en el cheque no era lo que realmente nos iba a tocar”, reveló el portal Animal Político.
