México, 1 oct (EFE).- La Suprema Corte de Justicia de México declaró este jueves constitucional la consulta popular propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para decidir si se enjuicia por corrupción a cinco expresidentes del país.
Durante una sesión virtual por la pandemia de COVID-19 y en una ajustada votación, seis magistrados defendieron que preguntar a los ciudadanos sobre este asunto es constitucional, mientras que cinco lo consideraron fuera de la Constitución.
No obstante, los magistrados acordaron revisar la pregunta del referendo que se planteará ante la ciudadanía a fin de evitar que condicione los derechos de los cinco expresidentes.
«¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», es la pregunta consensuada por los magistrados.
Esta modifica la planteada por López Obrador: «¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?».
Contra todo pronóstico y tras un acalorado debate, la mayoría de miembros de la Corte desestimó el proyecto propuesto por el magistrado Luis María Aguilar, que consideraba la consulta un «concierto de inconstitucionalidades».
Aguilar advertía de que «no es posible realizar una consulta popular que condicione la vigencia de los derechos humanos a lo que decida un grupo de la población».
Consideraba que al señalar a los expresidentes se vulnera su presunción de inocencia y subrayaba que la justicia no se puede someter a consulta dado que las autoridades están «obligadas» a denunciar cualquier delito.
Sin embargo, la mayoría de magistrados optó por tener una visión menos restrictiva del derecho a los ciudadanos a ser consultados.
El presidente del tribunal, Arturo Zaldívar, quien votó a favor de la constitucionalidad, dijo que la Suprema Corte tenía «una oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular».
Defendió una «democracia más plural e incluyente» y subrayó que el resultado de la consulta no sería vinculante, por lo que la justicia no quedaría «a merced de la opinión pública».
Antes de la votación, el presidente López Obrador pidió en su conferencia de prensa diaria a la Suprema Corte que no negara «al pueblo su derecho de participación» y exigió «que se haga valer a plenitud la democracia en el país».
«¿A quién se le violan derechos humanos, garantías?, si la pregunta es muy clara, es de que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, que no haya violación de derechos humanos», dijo el mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Aunque el mandatario es el principal promotor de esta consulta -que se celebraría en 2021- apoyada por unos dos millones de firmas ciudadanas, López Obrador dijo que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la «venganza».
