Contrapapel.- Con un total de 3 mil 485 mujeres mexiquenses que interrumpieron su embarazo en 2020, el Estado de México se posicionó como la segunda entidad a nivel nacional en recurrir a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México.
Aunque la primera posición la ocupa la capital del país con 7 mil 310 mujeres que decidieron abortar, las cifras registradas el año pasado tuvieron un descenso debido a la pandemia de Covid-19, pues en 2019, hubo 4 mil 858 interrupciones de embarazos entre las mexiquenses.
Los datos fueron obtenidos del documento “Interrupción Legal del Embarazo, estadísticas abril 2007-31 diciembre 2020” publicado por el Gobierno de la Ciudad de México, donde él aborto es legal antes de las 12 semanas de embarazo desde aquel año.
La propuesta de aprobar la Interrupción Legal del Embarazo en el Estado de México ha aparecido más de una vez en la legislatura mexiquense, pero hasta la fecha no ha tenido éxito.
La primera propuesta fue realizada por el PRD en marzo de 2019 y cuatro meses después Morena presentó una iniciativa similar, ambas sugerían la Interrupción Legal del Embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, el partido del sol Azteca sugería que las instituciones públicas de salud tendrían la obligación de garantizar los servicios a la interrupción legal del embarazo y contar con prestadores de servicios de salud no objetores de conciencia.
Para ello se requeriría que la mujer presentará una solicitud y los requisitos que se establezcan para ello; a partir de la recepción de la solicitud, la institución debería efectuarla en cinco días siguientes, a partir de ese día.
A la par, se proponía que las instituciones de salud brindarán servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con las que cuentan las mujeres, como los programas de adopción y las posibles consecuencias a su salud.
En cuanto a la propuesta de Morena, esta planteaba que los prestadores del servicio de interrupción legal del embarazo fueran personas físicas o morales de los sectores público, social, o privado, que tendrían la obligación de proporcionar información imparcial sobre la opción de adopción, así como los procedimientos, riesgos y consecuencias de efectuarse el aborto.
Por su parte el sistema de salud estatal estaría obligado a recibir todas las solicitudes de interrupción del embarazo, pese a que las solicitantes ya cuenten con algún otro servicio de salud público, social o privado.
La iniciativa también contempla proporcionar una educación integral sexual, facilitar el acceso de métodos anticonceptivos eficaces, campañas de prevención para difundir los derechos de las mujeres en materia de salud, derechos reproductivos y sexuales; así como el derecho a la privacidad y el derecho a decidir.
Además, pretende ofrecer un programa de asesoría y acompañamiento a las mujeres y hombres, a niñas, niños y adolescentes de la entidad sobre el desarrollo de la vida, de las relaciones personales, la reproducción, las enfermedades de transmisión sexual, los métodos de planificación familiar y el asesoramiento post-aborto.
Aunque el Código Penal del Estado de México en su artículo 248 establece una pena de entre tres a ocho años de prisión y de 50 a 400 días multa, el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar esta práctica y en consecuencia dictó liberar a las mujeres presas y personas gestantes encarceladas por abortar.
Cabe destacar que este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Libre Legal y Seguro.
